Es violencia, no protesta

La violencia urbana protagonizada por los llamados “overoles blancos” por ya más de una semana en sectores acotados de Santiago -ayer también hubo incidentes en Antofagasta- inevitablemente remite a las caóticas y brutales escenas del 18-O en 2019 y los meses posteriores, que sólo menguaron con la llegada de la pandemia, para luego retornar parcialmente una vez que se relajaron las medidas de cuarentena forzosa.

Y en la forma, al menos, si no en el fondo, los desmanes, saqueos y choques con Carabineros que se vieron el domingo con motivo del 49° aniversario del golpe de Estado de 1973 también parecieron parte de un mismo fenómeno: una cierta normalización de la violencia destructiva asociada a supuestas protestas, demandas o expresiones de descontento, de diverso origen.

“Criminalizar” la protesta no es tratar de reprimir sus excesos, sino utilizarla como vía y excusa para la conducta antisocial.

Lo que tienen en común estas situaciones recientes con las detonadas a partir de octubre de 2019 es la idea de que la violencia es una suerte de consecuencia lógica -por ende, esperable y entendible- de malestares o insatisfacciones sociales que sólo encuentran curso de expresión a través de ella. Eso dificulta atribuir responsabilidades y asignar culpas individuales, pues detrás de estas conductas habría siempre causales sociológicas profundas que no cabe reducir a las personas que cometen los actos. El ahora paralizado indulto a los “presos de la revuelta” se explicaba de esa perspectiva.

Más allá de formas retóricas de condena, lo anterior es casi indistinguible de la justificación. Lo cierto, sin embargo, es que en no pocas ocasiones la violencia puede ser, efectivamente, gratuita, sin otra motivación que la violencia misma. En Chile como en otras sociedades, ese impulso destructivo tiene cabida, y el orden que imponen las leyes busca, precisamente, ponerle coto. Quienes “criminalizan” la protesta no son los que buscan reprimir sus excesos, sino quienes la usan como vía y excusa para el comportamiento antisocial.

Dejar atrás estas lamentables escenas, con sus secuelas de daño y dolor para quienes resultan sus víctimas, exige abandonar ese marco de referencia, y asumir un genuino compromiso con la paz social y el respeto a las personas como primeras garantías de progreso para el país. Dicho compromiso debe partir con las autoridades, pero necesita de todos los ciudadanos.